Ministerio de Justicia

web-outlook Youtube Twitter Facebook Flick-ministro Flick-subsecretario

Misión

El Ministerio de Justicia es la Secretaría de Estado encargada esencialmente de relacionar al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y de ejecutar las acciones que la ley y el Presidente de la República encomienden.

(Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, artículo 1º)

Misión Institucional

Modernizar el sistema de justicia mediante leyes, políticas, planes y programas orientados a facilitar el acceso ciudadano a la justicia y servicios, contribuyendo además a la seguridad y reinserción social.
Funciones que la ley encomienda al Ministerio

Realizar el estudio crítico de las normas constitucionales y de la legislación civil, penal, comercial y de procedimiento, a fin de proponer al Presidente de la República las reformas que estime necesarias;

Asesorar al Presidente de la República en los nombramientos de jueces, funcionarios de la administración de justicia y demás empleados del Poder Judicial, y en el ejercicio de la atribución especial de velar por la conducta ministerial de los jueces;
Formular políticas, planes y programas sectoriales, en especial respecto de la defensa judicial de los intereses del estado; del tratamiento penitenciario y la rehabilitación del reo; de la organización legal de la familia e identificación de las personas: de la tuición que al estado corresponde en la administración y realización de los bienes de las personas que caigan en falencia, y de los sistemas asistenciales aplicables a los menores que carezcan de tuición o cuya tuición se encuentre alterada y a los menores que presentes desajustes conductuales o estén en conflicto con la justicia;
Controlar el cumplimiento de las políticas planes y programas sectoriales y evaluar sus resultados;
Dictar normas e impartir instrucciones a que deben sujetarse sus servicios dependientes y fiscalizar su cumplimiento;
Atender a las necesidades de organización y funcionamiento de los tribunales de justicia;
Asesorar a los tribunales de justicia, en materias técnicas, a través de los organismos de su dependencia;
Programar y proponer la adquisición, construcción, adecuación y habilitación por el Fisco de inmuebles por los tribunales de justicia, el Ministerio y sus servicios dependientes, sin perjuicio de las atribuciones de la Junta de Servicios Judiciales;
Proponer al Presidente de la República las medidas necesarias para solucionar las dificultades y dudas que le sean formuladas en materia de inteligencia y aplicación de las leyes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5º del Código Civil y 102 del Código Orgánico de Tribunales;
Velar por la prestación de asistencia jurídica gratuita en conformidad a la ley;
Proponer medidas para prevenir el delito por medio de planes de defensa social;
Crear establecimientos penales y de tratamiento y rehabilitación penitenciarios;
Dictar las resoluciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas que condenen al Fisco;
Asesorar al Presidente de la República en materia de amnistía, indultos y al beneficio de la libertad condicional;
Estudiar los antecedentes y proponer, en su caso, la concesión de los beneficios previstos en el Decreto Ley 409, de 1932;
Intervenir en la concesión y cancelación de personalidad jurídica a las corporaciones y fundaciones regidas por el título XXXIII del Libro I del Código Civil, en la aprobación y reformas de sus estatutos, en su fiscalización y en el otorgamiento de certificados sobre vigencia de aquel beneficio. Conforme al artículo 55 y siguientes del DFL N° 2, de 2009 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del DFL N° 1 de 2005, las universidades se encuentran sometidas al régimen de concesión, modificación y extinción de personalidad jurídica y supervigilancia de dicho Ministerio;
Participar en la legalización de los instrumentos otorgados o autorizados por el Poder Judicial, por el Ministerio, por sus servicios dependientes y por los organismos que se relacionen con el Gobierno a través del Ministerio;
Otorgar las certificaciones y testimonios instrumentales que organismos internacionales o entidades extranjeras soliciten al Supremo Gobierno, en asuntos que puedan afectar al Fisco, y Aprobar el texto oficial de los Códigos y autorizar sus ediciones oficiales;
Pronunciarse sobre los proyectos y ejecución de obras de Gendarmería de Chile, y sus prioridades, los que se someterán a la aprobación del Presidente de la República. Respecto de estas obras, el Ministerio de Justicia tendrá las mismas atribuciones que la ley señale al Ministerio de Obras Públicas para el resto de las obras de tal naturaleza.

Funciones de la Subsecretaría de Justicia

Son funciones de esta Subsecretaría el prestar asesoría y colaboración directa al Ministro en la elaboración de los planes, programas y decisiones del sector a su cargo; es el colaborador directo e inmediato del Ministro y su subrogante legal. La Subsecretaría está integrada por las Divisiones Judicial, División Jurídica y División de Defensa Social, además del Departamento Administrativo. De ésta dependen también los Secretarios Regionales Ministeriales de Justicia -Seremis- quienes representan y ejecutan las tareas del Ministerio en cada región del país (** ). La Subsecretaría debe traducir las políticas del sector en instrucciones concretas, elaborar normas técnicas y de funcionamiento, controlar el cumplimiento de dichas normativas, así como coordinar el funcionamiento de las instituciones que forman parte del sector. En este carácter le corresponde, especialmente:

Dirigir la administración y servicio interno del Ministerio.
Subrogar al Ministro en caso de ausencia o impedimento de éste.
Comunicar las normas, planes y programas, velar por su cumplimiento impartiendo las instrucciones necesarias, coordinando o controlando su cumplimiento.
Impartir instrucciones específicas, fiscalizar su aplicación y coordinar la acción de los organismo del sector.
Atender directamente los asuntos relacionados con las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia, fiscalizar su acción y velar por el cumplimiento de las instrucciones gubernamentales sobre desconcentración y regionalización.
Certificar los documentos que en razón de su naturaleza requieran constancia de su autenticidad por parte del Ministerio.